La Defensoría del Pueblo de Formosa denunció que en el transporte público no se está cumpliendo con el acuerdo a favor de las personas con discapacidad y movilidad reducida, que se había celebrado justamente en la sede de ese organismo. Este consiste en fiscalizar y asegurar que les sean cedidos los asientos en las unidades comunes, más allá de los colectivos especiales destinados a este sector de la población.

Estos beneficios habían sido pactados en una reunión llevada a cabo el 4 de julio. Los participantes fueron, entre ellos, Jonathan Almazán, inspector de la empresa Crucero del Sur; Dr. José Olmedo, subsecretario de Transporte y Emergencia del Municipio capitalino; las Dras. Verónica Avila y Clara Baldus, de la Coordinación de Acción Social de la Municipalidad; y Marta Polo, representante de las Personas Trasplantadas de la Ciudad de Formosa.

En esa oportunidad, el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, y la secretaria general, Dra. Mariela Cáceres, firmaron un acta por la cual, más allá de los móviles especiales para el trasporte de personas discapacitadas, se debía fiscalizar y hacer cumplir que los pasajeros cedan los dos asientos destinados a las personas con discapacidad. También buscar lugares para estas personas en el caso de que los dos previstos por la ley ya se encuentren ocupados.

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