La justicia federal investiga una posible estafa millonaria en Salta, en medio de un escándalo político que sacude a la provincia norteña y está a punto de dejar sin intendente a una pequeña localidad por el robo de 35 kilómetros de caños destinados al gasoducto del NEA, obra que se encuentra paralizada.

El caso saltó a la luz a partir de una investigación periodística. Según publicaron medios salteños la polémica se destapó cuando representantes de la empresa Servicios Vertúa, que debía ejecutar el primer tramo del ducto en Salta pero nunca concluyó los trabajos, detectaron que se estaban desenterrando, cortando y trasladando en camiones caños de 24 pulgadas del gasoducto cerca de la localidad Aguaray, en el departamento General José de San Martín, en el límite con Bolivia.

Esos caños industriales, diseñados para soportar grandes presiones y que cumplen con estándares internacionales de seguridad, se encontraban debajo de la superficie. Por lo que para su extracción se utilizaron grúas y maquinaria pesada.

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