Así lo decidió el juez de garantías de Salta, Julio Bavio en su acusación por defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes de funcionario. “Se trata de un hecho repudiable desde todo punto de vista”, sentenció el fiscal.

El juez de garantías de Salta Julio Bavio imputó a 17 concejales y a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el presunto cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que está destinado a personas vulnerables que vieron reducidos sus ingresos por las medidas de aislamiento ante la pandemia de coronavirus.

Lo hizo en una audiencia luego que el fiscal federal a cargo del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, acusara a los involucrados por haber cobrado indebidamente el subsidio.

En su acusación por defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes también se incluyó la imposición de un embargo por 60 mil a cada imputado.

La investigación se inició a partir de una investigación de periodistas de FM Noticias, de Salta, que puso en evidencia el cobro irregular del IFE por parte de distintos funcionarios públicos, en su mayoría concejales que corresponden a 15 localidades provinciales distintas.

Tras el informe periodístico, el fiscal pidió informes a la oficina central de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que aportó listado de quienes cobran el IFE, pero también documentación que acompañó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto a los ingresos de los imputados y sus empleadores.

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