Juez de Tucumán fustigó la baja en la edad de imputabilidad: “El 3,8% de los delitos son cometidos por menores” – Diario Federal

“La baja de la punibilidad no resuelve los problemas de inseguridad, ya que es mínimo el porcentaje de adolescentes menores de 15 años que cometen delitos graves”, dijo el juez de Menores de Tucumán Federico Moeykens a La Gaceta hechando por tierra uno de los principales argumentos del gobierno nacional, que implusa una baja en la edad de imputabilidad a los 15 años y a los legisladores de Sergio Massa, que piden que sea a los 14 años . También aseguró que en caso de aprobarse, la provincia no está preparada para ponerlo en práctica.

“En el último relevamiento realizado en 2015 por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef, muestra que en la Argentina hay casi 7.200 menores en conflicto con la Ley, de los cuales el 18% (más de 1.300) se encontraban presos en alcaidías, centros cerrados y comisarías. El resto estaba, sobre todo, bajo programas de supervisión estatal donde los jóvenes cumplen las medidas judiciales en su entorno familiar y comunitario. Si se mira sólo a los adolescentes que estaban privados de su libertad por edades, se observa que el mayor porcentaje a nivel nacional corresponde a los 17 años, los que representan casi un 43%; el 20 % tiene 18 años, y en el otro extremo hay un 3,8% con menos de 16 años. Este último porcentaje equivale a 50 chicos menores de 16 años. Dentro de este pequeño grupo solo los de 15 tendrían un cambio efectivo en su situación legal en caso de una baja de la edad de imputabilidad. Podemos decir entonces que el proyecto de reforma no encuentra anclajes firmes en base a estadísticas”, afirmó el magistrado.

De todos modos Moeykens también criticó el regimen actual porque le otorga a los jueces “una enorme discrecionalidad para sostener un proceso penal a un adolescente”.  “En líneas generales el proyecto pretende dejar atrás un régimen inquisitivo y tutelar que confunde las respuestas estatales para los niños, niñas y adolescentes que necesitan protección por encontrarse en estado de vulnerabilidad, con las de aquellos que están en conflicto con la ley penal. El régimen actual data de hace casi cuatro décadas (1980) y otorga una enorme discrecionalidad al juez para someter a un proceso penal a un adolescente, omitiendo un serio abordaje interdisciplinario que permita otorgarle al chico una función constructiva en la sociedad, como trabajar para que asuma una concreta responsabilidad por el hecho que cometió”.

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Por Redacción Diario Federal

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