La presencia del COVID-19 trajo cambios que afectaron de diferentes maneras a las comunidades. En el noroeste de la Argentina, donde es común apunarse, debieron dejar de lado una actividad ancestral como lo es el coqueo, con el cierre de fronteras para contener la pandemia. esto provocó serios daños a la sociedad acostumbrada a su consumo.
Una resolución de los fiscales federales de Salta y Jujuy, Eduardo Villalba y Federico Zurueta y el titular de la Procunar, Diego Iglesias, dará una solución transitoria a esa situación anómala, tras el pedido de las autoridades de esas provincias: autorizar la entrega de hojas de coca secuestradas al contrabando para su distribución en la comunidad.
La tenencia y la producción es ilegal en la Argentina, la excepción se hace en esas zonas con pequeñas cantidades en estado natural que, se suponen, son para el consumo personal.
En el caso de Jujuy, el gobierno de esa provincia las entregará a través del Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Pueblos Indígenas y con intervención de otros organismos.
El primero en solicitar la autorización al Ministerio Público Fiscal fue el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales “con el objeto de remediar la situación de desabastecimiento de hojas de coca destinadas al consumo personal que atraviesa la provincia, en el marco del cierre de fronteras dispuesto para hacer frente a la pandemia”.
Morales destacó que “la hoja de coca tiene una gran importancia cultural en la provincia y constituye un elemento central en la cosmovisión de los pueblos indígenas”.

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