La Justicia abrió una causa para investigar al Gobierno nacional por la presunta infracción al código electoral con la implementación de un plan clandestino de subsidios a desocupados a cargo de punteros del oficialismo que reveló Ámbito Financiero la semana pasada. Además, emplazó al Ministerio de Producción y Trabajo para informar esta semana sobre la resolución oculta que dio origen al programa de pagos y sus antecedentes. El expediente se basa en la investigación que realizó Ámbito Financiero por presunta compra de votos y desde ayer se sumó una denuncia presentada por los apoderados del Frente de Todos con la misma pesquisa como eje.
La causa 007852/2019 quedó en manos de la jueza federal con competencia electoral María Servini con intervención del fiscal Jorge Di Lello, quien ya había iniciado una investigación preliminar con igual objetivo por la que ayer le tomó declaración testimonial al autor de esta nota. El escándalo, que aún no mereció una respuesta formal por parte del ministro Dante Sica, se metió de lleno en la campaña electoral y promete derivar en un juicio oral sumarísimo.
La denuncia ante Servini fue presentada por el abogado Jorge Landau junto a otros apoderados del Frente de Todos e incluyó, además del pedido de investigación a Sica y al secretario de Empleo, Fernando Prémoli, como firmante de la resolución, el planteo de una medida cautelar para la suspensión de los pagos de bonos de $ 5.000 derivados de la normativa. Además de una maniobra de clientelismo, Landau le dijo a este diario que las sospechas como denunciantes pasan por “la posibilidad de que los montos presupuestados fuesen usados para pagarles a los fiscales de Juntos por el Cambio 5.000 pesos y otros $ 5.000 en caso de que en sus mesas ganara” el oficialismo nacional.
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