La directora de Discapacidad de Santiago del Estero, profesora Daniela Águila se refirió a la situación que involucra el tema de las pensiones sociales luego de que días atrás, la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero, en la causa “Asociación REDI c/Ministerio de Desarrollo Social” declaró inconstitucional los artículos del decreto 432/97 que limitan el derecho a la pensión por discapacidad y de la resolución 268/18 de la Anses que establece un circuito de descargo ante la suspensión y caducidad de las pensiones por vía telefónica de 10 días, bajo pena de caducidad del beneficio, publicó Nuevo Diario.
En este sentido, Águila explicó que “la persona con discapacidad tiene derecho a incluirse laboralmente, tiene derecho a recibir por parte del Estado un sistema de compensación que le permita vivir en igualdad de condiciones y equiparar las oportunidades con respecto al resto de la sociedad”.
A su vez, Águila explicó la problemática con los certificados electrónicos: “Fijan un certificado médico digital. Enviaron cartas documento desde el 1 de febrero a 3.500 personas que en 30 días deben tener este certificado, de lo contrario se les dará de baja la pensión. Hasta la fecha no logramos que la Agencia Nacional de Discapacidad venga a informarnos cómo se hace ese certificado. Creímos que con este fallo esto quedaba invalidado, pero nos informaron que los plazos van a seguir corriendo”, contó.
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