La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió ayer, con el voto unánime de todos sus integrantes, la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había condenado a la ANSeS a pagarle esos beneficios a las internas del Centro de Detención de Mujeres Unidad 31.

El reclamo, que fue promovido por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría Oficial había sido rechazado por la justicia federal de La Plata pero, la Cámara Federal de Casación Penal  lo admitió con fundamento. Entre sus razones argumentó que la negativa a reconocer los beneficios pretendidos configuraba un “supuesto de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención” y que la “ley de asignaciones familiares no excluye a las mujeres privadas de la libertad ni a sus hijos”.

Respecto a esto, el juez de Casación Gustavo Hornos, en su voto, sostuvo que “el derecho a trabajar, es un derecho que la persona conserva aún privado de su libertad, y como tal, goza de la protección constitucional del artículo 14 bis que específicamente dispone que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social”.

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