En distintos foros, desde la década del 90, se promueve el combate de la pesca ilegal por lo que el comité de pesca de la FAO elaboró en 2001 un plan internacional para desalentar y eliminar la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada con el fin de erradicar. Pero después de dos décadas, casi todos los países que pescan a distancia siguen haciéndolo ilegalmente.

Desde hace 50 años, nuestro país sufre esta captura por parte de buques extranjeros en la Zona Económica Exclusiva de las especies que migran de nuestra zona hasta altamar causándole un perjuicio enorme al ecosistema ya que no se estima que se extraen unas 950000 toneladas por año. Esto, además, limita el desarrollo económico, laboral y social de nuestro país y muy especialmente el litoral bonaerense y patagónico.

La Convemar (la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del mar) establece obligaciones a los Estados ribereños que capturan en la Zona Económica Exclusiva. Y eso es absolutamente razonable porque el ecosistema es único e indivisible y la sobrepesca afecta a los recursos. Y cuando la misma población o especies asociadas a la población que habita la Zona Económica Exclusiva son altamente migratorias, los estados ribereños procurarán acordar las medidas necesarias para conservar esas poblaciones.

Hay que tener en cuenta que, aun no estando descriptos, el calamar y la merluza son especies altamente migratorias y hay que considerarlas como tales porque cumplen con todos los requisitos. Son recursos originarios de Argentina, migran altamar y regresan a la Zona Económica Exclusiva, y pueden ser apropiados por cualquier nación extranjera.

Es conocida la migración. Si los estados sin litoral tienen derecho a participar sobre excedentes de la Zona Económica Exclusiva, se entiende que es dentro de la libertad de pesca responsable que tienen los Estados en altamar. Están obligados a acuerdos en pos de una pesca sostenible. La FAO es muy esclarecedora cuando afirma que las poblaciones son fundamentalmente residentes y desbordan de las zonas económicas exclusivas  y se produce el apoderamiento por parte de buques extranjeros de especies de dominio Argentina de población migratoria y originaria de Zona Económica Exclusiva.

De acuerdo con la Convemar, es un acto de piratería y estima que al menos el 30% la capturas es ilegal y eso generaría unos 36 mil millones de dólares anuales. Con lo cual, la pesca le cuesta Argentina divisas, puestos de trabajo, afecta la seguridad y debilita el desarrollo económico y social. Por  eso tiene que ser tipificado como un delito la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva, incluyendo la zona de Malvinas y sancionar a quienes cometen el delito.

 

*Extracto de la columna publicada por Télam Radio 

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Por Wall