En agosto de 2017, mediante un decreto, el Gobierno autorizó la importación de bienes de capital usados para la industria petrolera con un arancel del 0% para los equipos más críticos y del 7% para los complementarios.
El objetivo de esa medida fue acelerar las inversiones en Vaca Muerta, y aprovechar el excedente internacional de bienes de capital de tecnología más avanzada, pero los empresarios pymes rechazaron esa decisión.
El presidente de la entidad empresaria, Daniel Rosato, alertó que con la decisión del Gobierno “están en juego 40 mil puestos de trabajo directos e indirectos”.
“Nos enfrentamos al peor semestre de la historia para la industria y tenemos que ser inteligentes para evitar el mal que le va a hacer a la Argentina la destrucción del mercado interno, la ruptura de la cadena de valor, ante una competencia desleal que utiliza productos que por su uso anterior sólo aportan costos extras al desarrollo energético”, se quejó el dirigente.
Además, advirtió que “la importación de bienes de capital usados generó un fuerte perjuicio para las pymes industriales, que debieron además enfrentar el enfriamiento de las ventas y la producción por consecuencia del ajuste económico”.
Según IPA, sólo de la actividad vinculada a Vaca Muerta dependen casi 2 mil pymes.
La entidad puntualizó que la explotación de pozos petroleros con bienes de capital “que fueron usados en otras partes del mundo, genera un aumento en los costos de extracción en comparación con otros yacimientos mundiales, en donde se utilizan herramientas nuevas para ganar en competitividad”.
Fuente: Ámbito.com
