El 21% de las familias rionegrinas alquila; el 40,5% del salario se destina al alquiler; el 97% cree que no se realizan controles sobre las inmobiliarias, y el 87% está preocupado por los precios y aumentos. Los datos fueron revelados por la diputada nacional María Emilia Soria, cuando presentó un proyecto de ley para incorporar dentro del esquema de la Defensoría del Pueblo un área específica para los inquilinos, informó ADN Río Negro.
La dirigente del Frente para la Victoria, a su vez, propone crear una Oficina Nacional de acciones concretas con participación de los sectores involucrados. La iniciativa fue impulsada por la Unión de Inquilinos de Río Negro y la Federación Nacional de Inquilinos, con el objetivo de poner en agenda el problema habitacional que existe en función de los alquileres de viviendas.
La regulación del vínculo entre inquilinos y locatarios es mínima. Ante la falta de controles y grandes excesos en esta relación contractual donde hay una parte débil y otra parte poderosa, es el Estado quien debe intervenir, a fin de equiparar las fuerzas y que los inquilinos puedan alquilar de manera justa.
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