El objetivo político del Gobierno en su avanzada respecto del régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y Ministerios Públicos sigue siendo un misterio. A primera vista, la capitulación de recortes concedida por el oficialismo en la discusión en comisión para llevar el proyecto hoy al recinto, desactivó apenas un puñado de puntos controvertidos, objetados desde que se conoció el texto inicial por jueces, fiscales y funcionarios. Pero ratificó otros. Y confirmó que con la modificación no se persigue una mejora desde el punto de vista del gasto fiscal. “¿Todo esto es solo para mostrar un gesto al FMI?”, se preguntaban voces iracundas.

En el camino, la Casa Rosada puso en pie de guerra a todo el Poder Judicial en un asunto de alta sensibilidad que cerró la grieta en su contra y que podría no evitar un éxodo que produzca daños colaterales.

Terminó, ayer, acordando cambios sobre una fórmula de jubilación del 82% -que sigue tomando en cuenta los últimos 120 meses para el haber inicial-, pero que promediará esos cargos a valor actualizado de salarios activos, con lo que no habrá merma por inflación. Las modificaciones que podrían continuar en el debate hoy en el recinto. Habrá que calibrar la profundidad de la herida porque el malestar gira en torno de la pérdida del “estado judicial”, una clave para mantener la manda constitucional de la intangibilidad.

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